• En abril de 2011, el Relator Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, emitió una serie de observaciones y recomendaciones al gobierno mexicano del entonces presidente Felipe Calderón. El entonces Gobierno respondió a estas Observaciones en julio de 2011.

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• En julio de 2011 la comunidad wixarika San Sebastián Teponahuaxtlán, del estado de Jalisco,  a través de sus autoridades tradicionales, inició un juicio de amparo (demanda de amparo 819/2011-VI), ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas mineras. En febrero de 2012 los tribunales federales otorgaron la suspensión a fin de que no se otorgue ningún permiso de explotación para el proyecto minero La Luz, en el Municipio de Catorce en San Luis Potosí, en tanto no se resuelva el fondo del asunto planteado. En la ampliación de amparo (2013) se agregó la violación al derecho al medio ambiente sano basada en el principio de precaución. En septiembre de 2013, un juez federal de distrito decretó la suspensión provisional de todas las concesiones a las mineras que pretenden explotar el territorio sagrado de Wirikuta. Con la suspensión queda prohibida provisionalmente la realización de cualquier trabajo prospectivo en la zona, mientras se resuelve el fondo del amparo mediante el cual los defensores de Área Natural Protegida de Wirikuta pretenden la revocación o cancelación de todas concesiones otorgadas por las autoridades. Todavía no hay sentencia definitiva.

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• En septiembre del 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras realizar la investigación correspondiente por personal de este Organismo Nacional, con base en diferentes visitadurías a Wirikuta y a la información proporcionada por las diferentes oficinas e instancias de gobierno, emitió la RECOMENDACIÓN No. 56/2012 SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS A LA CONSULTA, USO Y DISFRUTE DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS, IDENTIDAD CULTURAL, MEDIO AMBIENTE SANO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PUEBLO WIXÁRIKA EN WIRIKUTA. Entre las recomendaciones, destacamos la siguiente, dirigida a la Secretaría de Economía:

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“c) girar instrucciones a quien correspondiera para que se tome en cuenta la actual viabilidad y subsistencia de los títulos de concesión minera ya otorgados en el área de Wirikuta y, por consiguiente, se valore llevar a cabo las medidas pertinentes para evitar que se sigan violando los Derechos Humanos colectivos del pueblo Wixárika (entre otras medidas se sugiere estudiar la posibilidad de cancelar o revocar los títulos de concesión)”

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